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Venezuela: a un siglo de Zumaque I

Venezuela: a un siglo de Zumaque I

El 31 de julio de 1914, se completó el pozo Zumaque I en el campo Mene Grande del estado Zulia, iniciando su producción con 264 barriles de crudo al día. Es difícil hacer un recuento sobre el impacto que la producción de petróleo tuvo, tiene y seguramente tendrá, sobre la economía, política y sociedad venezolana. Sin embargo, la ocasión obliga a recordar los profundos cambios suscitados a raíz de su explotación.


Por el Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA.

Venezuela, durante la primera década del siglo XX, era un país rural recién librado de guerras civiles y revueltas caudillistas. Con una población de apenas 2,3 millones de habitantes y tan sólo urbanizada en menos de 16%, era difícil identificar sectores económicos capaces de dinamizar el crecimiento y transformarla. La explotación petrolera fue vista como un enclave extranjero hasta avanzada la década de los años 40, y no podía ser de otro modo: el país no contaba con el capital financiero, físico o humano ni tampoco con tecnología para desarrollar sus yacimientos.

El crecimiento de la industria petrolera empezó a introducir modificaciones significativas en la composición de la actividad económica. Para 1914, el peso de la actividad agropecuaria sobre el producto interno bruto (PIB) era cercano al 58%, diez años más tarde sería tan sólo equivalente al 29% hasta reducirse al 13% en 1934.  Por el contrario, la actividad petrolera no haría más que crecer en términos absolutos y relativos.  De representar el 1,6% del PIB en 1920 pasaría al 8,4% en 1924 y, posteriormente, el 34% en 1934.  Esta transformación abrupta generaría fuertes flujos migratorios hacia las regiones aledañas a la actividad extractiva y posteriormente, a medida que la renta captada crecía, hacia las ciudades.

El aspecto rentista del petróleo tardaría un poco más en aparecer.  Durante las primeras tres décadas de explotación se irían refinando los mecanismos legales de captación, que luego quedarían resumidos y plasmados en la Ley de Hidrocarburos de 1943. El Estado Venezolano comenzó, desde la década de los años 30 y de la mano de Gumersindo Torres, la labor de formar profesionales capaces de supervisar a las concesionarias y velar por el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. A medida que la capacidad de supervisión estatal crecía, así mismo aumentaba la captura de renta petrolera y con ella surgían los incentivos que transformarían la economía y política venezolana.

Una sociedad con actores cada vez más conscientes de los ingresos fiscales asociados a la actividad petrolera, con crecientes libertades políticas, empezaría a articularse en sindicatos, asociaciones profesionales, partidos y cámaras empresariales para tratar de tener acceso a esos recursos.

En propuestas como el Plan de Febrero de Eleazar López Contreras o la “Siembra del Petróleo” de Arturo Uslar Pietri, durante el gobierno de Medina Angarita, se evidenciarían los primeros intentos de utilizar la renta para modernizar deliberadamente al país. Posteriormente, durante el trienio adeco, ocurrirían los primeros experimentos democráticos y las primeras políticas educativas y sanitarias de largo alcance financiadas principalmente por los crecientes recursos obtenidos de la explotación petrolera, donde la participación estatal era cada vez mayor dada la introducción de modificaciones a los instrumentos legales. También se darían los primeros pasos en dirección de formar capacidades nacionales, negociando el establecimiento de refinerías en territorio nacional y la discusión sobre la posibilidad de crear una empresa estatal de hidrocarburos.

Una vez retomada la ruta democrática durante el gobierno de Rómulo Betancourt, y a través de iniciativas como la CVP y la suspensión de nuevas concesiones, se haría manifiesto el objetivo de crear una industria nacional-estatizada que permitiera la mayor captura de renta posible. A ese propósito se elaborarían políticas orientadas a ejercer mayor regulación sobre el sector y aprovecharían tendencias naturales a aumentar la participación del personal venezolano dentro de las subsidiarias petroleras. Esto ocurriría a lo largo de los primeros tres gobiernos democráticos, contando con el papel activo de organizaciones de la sociedad civil tales como el Colegio de Ingenieros de Venezuela.  Eventualmente el proceso desembocaría en la nacionalización de 1976 con la creación de Petróleos de Venezuela.

Las principales organizaciones partidistas habían logrado, desde 1958, acuerdos de repartición de renta que no sólo beneficiaban al partido gobernante. De ese modo, convergían incentivos hacia una acción conjunta de captación de renta a través de una empresa estatal. Por ello, PDVSA adoptó la estructura de holding con subsidiarias que competirían entre sí. Este esquema organizativo sufriría ajustes hasta transformarse en una empresa verticalmente integrada, con subsidiarias internacionales en el área de refinación para finales de los años 80. Todo esto ocurriría no sin fricciones con los poderes públicos, especialmente con el legislativo. No obstante, la empresa lograría retener su independencia administrativa.

Contrastaba una empresa eficiente y exitosa en sus labores productivas y exploratorias con un país económicamente en crisis. En efecto, el PIB per cápita nunca alcanzó nuevamente el nivel de 1977. El endeudamiento excesivo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, así como el desorden cambiario y fiscal del quinquenio correspondiente a Jaime Lusinchi generaron crecientes niveles de insatisfacción con el sistema político. Esto se manifestaría durante los años 90 con el debilitamiento de los partidos tradicionales, estallidos sociales y golpes de Estado.  Definitivamente, sucesivos gobiernos se mostraron incapaces de lidiar exitosamente con una renta petrolera inestable.

Aún cuando PDVSA se mantuvo largamente aislada a este proceso de deterioro institucional, eventualmente se vería inmiscuida en él durante la primera década del siglo XXI. Incluso el exitoso proceso de apertura petrolera llevado a cabo en los años 90 se vería severamente afectado, en la segunda mitad de la década del 2000, por los cambios sufridos en el sistema político y el consecuente cambio en la estrategia y rol de PDVSA en la actividad económica general.

A lo largo de este período se ha observado entonces que si bien el desarrollo de la actividad petrolera en Venezuela y los ingentes recursos obtenidos a partir de ella permitieron avances significativos en términos de desarrollo económico y social, la dinámica observada durante los últimos años ha estado caracterizada por la falta de continuidad en las políticas públicas, ante los claros incentivos de aprovechar la renta petrolera para satisfacer objetivos de corto plazo, lo cual ante el entorno institucional débil nos ha puesto a merced de la volatilidad característica de los precios del petróleo y con una estructura económica con evidentes signos de fragilidad y deterioro.

Ante esta experiencia histórica los venezolanos debemos encontrar cauces para solventar los efectos perniciosos sobre la institucionalidad, generados por ingresos petroleros inestables cuyo uso se perfila altamente discrecional. Es necesario, además, considerar alternativas que permitan recuperar la independencia administrativa de PDVSA, a fin de lograr el desarrollo de mayores competencias en su principal área de negocio, y evitar comprometer las iniciativas de largo alcance y valor agregado ante los incentivos del gobernante de turno y que además permita la participación de actores con experticia y recursos tecnológicos capaces de apoyar los planes de explotación de las reservas de crudo más importantes del globo.

¿Cómo lograr todo esto? ¿Cómo crear los incentivos para que los gobernantes, de cualquier tendencia, asuman estos retos y cedan el poder adquirido sobre la industria y la renta?

No son preguntas sencillas y no es objeto responderlas en este escrito, pero sirva como sugerencia lo siguiente: Cualquier solución estable requerirá la participación de una ciudadanía que se sienta propietaria de los recursos y partícipe de la industria. El petróleo debe dejar de considerarse un enclave estatal, burocrático. Una larga historia petrolera debería ayudar para sentirnos propietarios.

Referencias

Baptista, Asdrúbal. Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830 – 2008.  Fundación Empresas Polar.

Randall, Laura. The Political Economy of Venezuelan Oil. Praeger Publishers. 1987.  Rodríguez, Pedro & Rodríguez, Luis.  El petróleo como instrumento de progreso: Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo.  Ediciones IESA. 2012.

Urbaneja, Diego Bautista. La renta y el reclamo: Ensayo sobre petróleo y economía política en Venezuela. Editorial Alfa. 2013

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