Más allá de sus logros en materia musical, reconocidos ampliamente nacional e internacionalmente, el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela (conocido como “El Sistema”) es ante todo un impresionante programa social. Miles de niños y jóvenes de escasos recursos encuentran en la música la disciplina y la motivación para seguir una carrera profesional y luchar por un futuro mejor.

No obstante, hace varias semanas fuimos sorprendidos por un par de noticias terribles. Dos miembros de El Sistema, Jimbert Gabriel Hernández Villalta, de 15 años de edad y Carlos Hernández Urbáez, de 13, fueron asesinados en Caracas y Cantaura, respectivamente. El primero quedó atrapado en una balacera callejera y al segundo le dispararon mientras robaban su casa. Aunque ambos muchachos eran buenos estudiantes y estaban dedicados plenamente a sus actividades musicales, eso no fue suficiente para garantizarles la vida.

  

Estos reprochables hechos ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de contar con políticas públicas coherentes. Por mucho tiempo hemos escuchado a voceros del gobierno decir que la delincuencia es la consecuencia de otros problemas sociales, como la falta de educación y ausencia de opciones para los jóvenes; compartimos con ellos ese criterio y por eso aplaudimos que desde el Estado se apoye una obra como El Sistema. Sin embargo, como reza el dicho popular, pareciera que lo que se hace con las manos se deshace con los pies; si la inversión en programas sociales como El Sistema no está acompañada de una política consistente en materia de seguridad ciudadana, seguiremos llorando las muertes de gente de bien como Jimbert y Carlos. 

La ola de violencia de las últimas semanas, que incluye la masacre de nueve miembros de una familia en un edificio de la Misión Vivienda en Ocumare, el asesinato de Conan Quintana en La Candelaria, la batalla a tiros entre delincuentes y policías por más de seis horas en El Cementerio y el episodio de la incursión de la fuerza pública en la zona de San Vicente en Maracay, pone de manifiesto que el problema de la inseguridad está absolutamente fuera del control de las autoridades. Según cifras extraoficiales del Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2014 se registraron 24.980 homicidios y se calcula que en lo que va de 2015 esa cifra ha aumentado en 8%.

Es hora de que el gobierno, así como ocurrió en Medellín y otras ciudades de Colombia y América Latina, decida poner fin a esta guerra no declarada que está acabando con la vida de miles de venezolanos inocentes. Las propuestas de política pública están allí; solo falta la voluntad para ponerlas en marcha.

Publicado en la columna "Acuerdo Social" del diario Últimas Noticias, el 31 de mayo de 2015.