CIEA realiza investigación acerca del subsidio de GLP en Venezuela
El CIEA, Centro Internacional de Energía y Ambiente, realizó la investigación “Reducción del subsidio de Gas Licuado de Petróleo en Venezuela, políticas equitativas para un consumo eficiente” focalizado en 420 hogares de la parroquia petare, en el Municipio Sucre. María Alejandra De Francesco, Coordinadora e investigadora del Centro, emprendió el estudio el año pasado con el patrocinio de la Embajada de Reino Unido.
La problemática identificada se canaliza en el subsidio del GLP y cómo el precio conduce a una medida desproporcionada entre el precio de la bombona y el pago de la llamada “propina”.
“Es lo mismo que pasa con el precio de la gasolina, tú pagas Bs.10 y le dabas un billete de 100 y le dices que se quede con el vuelto. Eso es lo que sucede. A la hora del té, el precio es tan irrisorio que como consumidor estás dispuesto a pagar un poco más. Y sobre todo con el GLP, que lo deben traer a tu casa. Ese servicio que no está incluido en el precio de la bombona tiene que ser pagado por alguien”, asegura De Francesco.
Agrega además que PDVSA Gas es la encargada del pago de los conductores que transportan la bombona. Sin embargo, el traslado a las zonas populares a donde llega el producto, generalmente le da la potestad al transportista de elevar el precio porque aun siendo aumentado, las personas van a pagarlo por ser un bien necesario.
El precio de la bombona de gas para el 2016, año en el cual se realizó el estudio, las personas debían pagar hasta 6 veces el precio regulado, y actualmente la propina se ubica entre los 50 y 100 bolívares.
A pesar de esto, los precios actuales de las bombonas de 10Kg –la más usada en los hogares venezolanos- es de 50 bolívares, la de 18Kg, 27Kg y 43Kg tienen un valor de 250, 380 y 600 bolívares, respectivamente.
La filial petrolera PDVSA Gas, insiste en que ninguno de los transportistas, distribuidor o estantero encargado del traslado del producto, está autorizado para cobrar a los consumidores y usuarios más del precio regulado. Por lo que incurrir en esta falta, es un delito que debe ser denunciado.
El estudio evidenció que el pago de esta propina es un método de compensación que se está yendo directamente a la persona que distribuye el gas. “Incluso, no pudimos definir cuál era el precio promedio que pagaba la familia porque la variabilidad era tal que, podía llegar una persona que daba una propina diferente a otra. Nunca pudimos definir cuál era el precio promedio porque la propina es algo muy subjetivo”, afirma la investigadora.
Según el problema focal identificado en el estudio, el subsidio universal representa una gran pérdida para el Estado. La investigadora del CIEA, apuesta a que el incentivo a la inversión y la focalización del subsidio pudieran resolver el desafío de un Gobierno que impulsa esta modalidad por ser políticamente aceptable porque es un bien común y de necesidad básica, y en pocas palabras, incentiva la aceptación del Gobierno en curso que dicta dicha medida.
“Es una medida muy fácil, no tienes que hacer ninguna política de reestructuración sino que simplemente se define un precio al público y listo. No tiene costo, no tiene nada. Entonces he ahí la tentación en la que caen muchos gobiernos y muchos Estados, sin importar la tendencia”, concluye De Francesco.
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