El 26 de noviembre, el IESA y la Asociación Fulbright organizaron el foro Crimen y violencia en Venezuela: Insumos para la formulación de políticas públicas, el cual contó con la participación de destacados analistas e investigadores del área criminalística.

La profesora Rebecca Hanson abrió la discusión, declarando que durante los últimos tiempos la policía en Venezuela ha sido utilizada para reprimir y controlar a los más vulnerables.

Hanson sostuvo que según una encuesta de Datanálisis, 28% cree que la causa de la delincuencia es la falta de valores; mientras otro 22% considera que es la falta de empleo; por lo que resulta atípico que no se cuestione abiertamente las deficientes políticas de seguridad ciudadana que ha diseñado el gobierno.

Seguidamente, el Comisario y Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, Javier Gorriño, manifestó que “atacar un delito a través de la penalidad no funciona sí existe impunidad”; por lo que recalcó que el aumento de pena no contribuye a solventar el problema de fondo, que no es otro que la funcionalidad de la justicia.

Agregó que “el promedio de denuncias recibidas y procesadas sobre robos y hurtos de vehículos es de 26 vehículos diarios”. Asimismo, Gorriño señaló que el municipio Libertador es el que reporta más robo de vehículo.

Criticó los 19 planes de seguridad puestos en marcha en los últimos 16 años y el hecho de que 679 funcionarios de la PNB hayan sido destituidos por faltas graves, número que a su juicio es muy abultado para un cuerpo policial que se constituyó en el año 2008.

El criminólogo y profesor universitario, Fermín Mármol García, destacó durante su intervención las cifras más importantes sobre la violencia y el crimen: “Venezuela está entre los tres países con mayor índice de homicidios en América y entre los 10 primeros del mundo. Además, se espera que en el informe de Transparencia Internacional 2015, el país se ubique entre los 10 países más corruptos del planeta”.

Recalcó que de acuerdo con las investigaciones en criminalística los países donde la familia, la escuela y la iglesia fallan, deben tener una robustez institucional para evitar convertirse en sociedades violentas. Añadió que se requiere de una reforma estructural en términos policiales, jurídicos y penales para atacar el flagelo de la inseguridad.

Por su parte, la Coordinadora del Centro de Políticas Públicas y de la Maestría en Gerencia Pública del IESA, Josefina Bruni Celli, expuso los resultados de una de sus investigaciones sobre violencia y criminalidad.

Entre los hallazgos más significativos, la profesora reconoció que cuando ha habido mayores recursos, y por lo tanto mayor equidad, la violencia se ha exacerbado.  Una paradoja que se presenta con el aumento de la renta petrolera, a mayor captación de renta, mayores son los niveles de conflictividad social.

“Desde los años 70, el aumento de la renta ha venido acompañado con el aumento del crimen en Venezuela”, enfatizó Bruni Celli.
El evento cerró con la participación del profesor de la Universidad de Tulane, David Smilde, quien indicó que “las cárceles venezolanas no solo son una tragedia humana, sino lugares desde los cuales se controla el crimen organizado”.

Finalizó recordando que el problema de la violencia no tiene que ver con valores, sino con estructura social.