2. De la concesión a la reforma de 2026 como evolución del marco legal del petróleo en Venezuela
La trayectoria legislativa de Venezuela es el predictor más fiable de su desempeño comercial. Nos encontramos ante una "corrección histórica" de los desajustes estructurales iniciados con la Ley de Nacionalización (discutida en 1975 y entrada en vigor el 1 de enero de 1976). La actual Reforma de 2026 surge como la respuesta necesaria al colapso del modelo de 2006, cuya rigidez —caracterizada por el control obligatorio del 51% por parte de PDVSA y la venta centralizada de crudo— resultó ser, en palabras del Prof. Oswaldo Felizzola , "un modelo contra el negocio internacional" . La nueva normativa introduce los Contratos de Participación Productiva (CPP), un vehículo que permite la "agilización de procesos" y la "comunicación directa del socio" para la comercialización del crudo, eliminando la asfixia operativa de la estatal petrolera.
Atributos estratégicos de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026
El profesor Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, primer ponente de este foro, presentó una evaluación del marco legal venezolano, tomando en consideración las variables autonomía operativa, carga fiscal, flexibilidad, derechos comerciales, seguridad jurídica y control accionario, destacando algunas ventajas que presenta la actual reforma.
- Economía operativa: transición hacia un modelo flexible que rompe la ineficiencia de las empresas mixtas tradicionales.
- Flexibilidad fiscal: implementación de escalas abiertas para regalías y tributos, permitiendo acuerdos ad hoc según la viabilidad de cada proyecto.
- Arbitraje internacional: seguridad jurídica reforzada mediante la posibilidad de dirimir conflictos en jurisdicciones externas (ej. Nueva York).
- Celeridad contractual: aprobación de contratos centralizada en el Ministerio de Hidrocarburos, agilizando los tiempos de ejecución sin la demora histórica de la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista tributario, el análisis es imperativo: mientras el modelo tradicional imponía un "Fiscal Take" del 83-85% y un "Government Take" (incluyendo la participación accionaria de PDVSA) de entre el 90-95% , la reforma actual permite negociar umbrales que recuperan la rentabilidad del socio B.